Como
hemos comentado en anteriores ocasiones, el problema con el énfasis en la
desigualdad es que normalmente asume que la cantidad de riqueza es fija, que la
libertad económica trata de un juego de suma cero en el que las ganancias de
unos son las pérdidas de otros. Así, aquellos que entienden que los ricos
tienen recursos como consecuencia de que los pobres no los tengan –y que, en
consecuencia, proponen intensas políticas para redistribuir los ingresos–
olvidan que el verdadero problema no es la desigualdad, sino la pobreza.
De
hecho, la verdadera medida de bienestar de un país no se evalúa por sus niveles
de igualdad. Venezuela es hoy el país más igualitario de la región y el primer
gobierno de Alan García tuvo niveles de desigualdad más bajos que los de la
última década. Sin embargo, pocos peruanos abogarían por regresar a los
estándares de vida de finales de la década de 1980 o por compartir el destino
de los venezolanos. Lo que varios parecen obviar es que las políticas de igualación
de ingresos tienen muchas veces el indeseado efecto de ser bastante exitosas
igualando a todos hacia abajo.
De
cualquier modo, e incluso asumiendo que la desigualdad es negativa en sí misma,
a escala nacional la discusión resulta menos trascendente. Después de todo, la
desigualdad –medida a través del coeficiente de Gini– ha venido cayendo
sostenidamente gracias al desarrollo económico de los sectores más bajos y
medios de la población.
Si
bien los argumentos usados a favor de las políticas activas de igualación de
ingresos resultan por lo general tan errados como anodinos, en boca del jefe de
la Sunat son preocupantes. Las personas y las empresas, multinacionales o no,
deben pagar impuestos y ser sancionadas por no hacerlo. Pero defender una visión
que recela y castiga el éxito no es compatible con una cultura de
emprendimiento, productividad e innovación. Más aun en un contexto en el que la
informalidad empresarial y laboral ha ganado tanto terreno en parte gracias a
las políticas por momentos arbitrarias que la Sunat implementa.
Hay
algo en lo que el señor Ramos sí tiene razón. Pese a los enormes avances
logrados en los últimos años, los niveles de pobreza en el Perú y en el mundo
aún son indignantes. Pero para combatir este problema –el verdadero flagelo–
conviene no desviar esfuerzos en perseguir fantasmas que muchas veces responden
a consignas políticas o ideológicas antes que a trabas reales al desarrollo.
Las
libertades económicas y las políticas efectivas para incrementar la
productividad –por ejemplo, a través de la provisión de educación de calidad–
son la clave para superar la pobreza. Mientras el eje de la discusión no se
centre en esto, seguiremos corriendo el riesgo de abrigar políticas
igualadoras, pero hacia abajo.
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